Suspenden por cuarta vez el juicio por daños al medio ambiente en el Saladar

La Fiscalía pide 21.600 euros a tres acusados por el impacto de una obra pública en una especie de escarabajo.

Suspendido por cuarta vez. Un juzgado de Orihuela decidió ayer aplazar sine die la vista oral para juzgar un delito ambiental en la construcción del puente sobre la vía del tren en San Isidro. El juicio se pospuso en septiembre de 2009, en marzo de 2010 y, otra vez, en diciembre del año pasado por distintos motivos en una causa que lleva en el Palacio de Justicia desde 2004. Ayer el problema era que uno de los tres encausados, en este caso una empresa, no había sido citada al juicio.

La Fiscalía pide 21.600 euros de multa (24 meses a 30 euros diarios) a dos trabajadores y a la citada empresa acusados por un delito contra la conservación de la fauna y la flora por la presunta destrucción de especies protegidas -un insecto y su hábitat- durante la construcción del puente que suprimió el paso a nivel del tren en San Isidro. A esa multa se suman otros 16.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil, que se aportaría entre las mercantiles. 80.000 euros en total.

Sin rastro del responsable
Las obras fueron promovidas, adjudicadas y sufragadas por la Diputación, que sin embargo, tal y como cuestionan tanto los denunciantes como la defensa, no aparece encausada y sí a quienes se subcontrató para realizarla. El fiscal indica que las obras afectaron a comunidades vegetales propias del saladar, alterándose el paisaje de esta zona. Hábitat en la que se encuentra, además, una de las cuatro poblaciones conocidas en el mundo del invertebrado Cicindela deserticoloides, un escarabajo endémico del sureste ibérico, además de otras especies como la lagartija colilarga o el aguilucho cenizo. El sumario recoge que la denuncia realizada en su día por Amigos de los Humedales del Sur de Alicante advierte de que todas las zonas húmedas, independientemente de que figuren o no en el catálogo, están protegidas según establece el artículo 15 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos. Sin embargo, uno de los letrados de la defensa, Mauricio Fernández, mantiene que ese paraje no está protegido estrictamente en la legislación y lamenta que los ecologistas se limitaran a denunciar sin personarse en la causa y a sabiendas de que el saladar no está protegido.

La denuncia dice que las obras con maquinaria pesada y grandes movimientos de tierra ocupó unas 10 hectáreas del Saladar y afectó a la base del cercano Cabezo Pardo, que acoge un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce del que se extrajeron 7.000 metros cúbicos. El puente, origen del proceso, debe derribarse con las obras del AVE.

Vía | diarioinformacion.com