Sobre la salida que da la oligarquía a la crisis

J. Romero
[Artículo extraído del Octubre nº 28, órgano de expresión del PCE (m-l)]

El Gobierno Zapatero negó hasta las elecciones generales de Marzo de 2008 las abrumadoras evidencias de crisis. Y, a partir de septiembre pasado, cuando ya sufríamos directamente la profunda recesión de la economía española y sus gravísimas consecuencias para los trabajadores (el 46% del crecimiento del paro en la UE, corresponde a España), puso en práctica un paquete de medidas tras otro, sin orientación, con continuos cambios de criterio, gastando el poco crédito político que le quedaba ante las clases trabajadoras y gran parte de los fondos públicos, que se han destinado a sostener a la banca y a la gran empresa.

Decimos que el Gobierno social liberal, ha tenido una política errática, titubeante y limitada. Y es cierto, pero, si cabe hablar de una orientación de esa política, no cabe ninguna duda de que el Gobierno central y los autonómicos, con algunas excepciones puntuales en forma de medidas populistas de muy limitada eficacia, han presionado políticamente y subvencionado con abundante dinero público la aplicación de un programa dirigido a apoyar a la oligarquía empresarial y financiera, reforzar su poder económico y descargar las consecuencias de la crisis en las clases populares y trabajadoras.

En definitiva, las medidas que reclamaban los sindicatos y las organizaciones populares se han aplicado con una orientación contraria a los intereses de los trabajadores. Así, las medidas fiscales aprobadas: rebaja de 400 euros en el IRPF, incremento de las tasas de combustibles y tabaco, eliminación del Impuesto de Patrimonio, etc., o no han discriminado en función de la renta o, cuando lo han hecho, han favorecido claramente a los contribuyentes de mayor renta (en un país donde el 90% de lo recaudado por el IRPF proviene de las rentas salariales).

Las medidas de fomento de la economía: fondo de 8.000 millones para adelantar obras públicas en los Ayuntamientos; aplicación de la directiva sobre servicios para liberalizar el sector, etc., han mantenido o reforzado el peso de los servicios improductivos y, particularmente, el de la construcción. Los paquetes de medidas aplicados por el Gobierno, no han sido precisamente baratos: El Plan E de Zapatero ha traído consigo el crecimiento del endeudamiento del Estado, que puede llegar a finales de este año al 10% del PIB. Se le plantea, pues, la necesidad imperiosa de sufragar el déficit público, incrementando la presión fiscal y reforzar el sector financiero ante la inminencia de quiebra de bancos y, sobre todo, cajas de ahorro, que comienzan a sufrir problemas serios de morosidad y falta de liquidez. Y aquí, nuevamente se ve un ejemplo perfecto de cómo las medidas de reactivación económica, en lugar de suavizar las consecuencias de la crisis o reorientar el modelo productivo, van a beneficiar a la oligarquía.

No cabe duda de que para remontar la crisis y cambiar el modelo productivo, se necesita financiación; de hecho, uno de los problemas que arrastran las PYMES (a lo largo del primer trimestre de este año, han desaparecido mil empresas diariamente) es la falta de una línea adecuada y suficiente de crédito. ¿Cómo llega el crédito a la pequeña empresa?: la única entidad encargada de canalizar y gestionar el crédito público a las PYMES es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que cuenta con una exigua plantilla de apenas doscientos trabajadores. En España no hay banca pública, lo más parecido a ella son las Cajas de Ahorro, que al menos están sujetas a tutela pública. La reciente quiebra de Caja Castilla la Mancha, fue el primer aldabonazo de la crisis que sufren las cajas, a consecuencia de su apuesta por el ladrillo. Para superarla, gobierno y oposición hablan abiertamente de favorecer y apoyar económicamente la reforma financiera fomentando las fusiones y absorciones, para concentrar capital, a costa, claro está, de más despidos y mayor poder para los grandes bancos, cuyos gestores no sólo no tienen que responder de su papel en la crisis, sino que ven así recompensada su actividad irresponsable de todos estos años(1). Para ordenar el sector financiero, se ha constituido un denominado Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), dotado con 9.000 millones de euros por el Gobierno que puede además autorizar a las entidades financieras el acudir a los mercados de deuda para financiarse hasta un total de 99.000 millones.

Al calor de esta ayuda, en los mentideros económicos es una noticia cantada la carrera de fusiones entre las 45 cajas españolas, algo en lo que parece haber un amplio consenso que incluye a los dirigentes de CCOO y UGT. El siguiente paso, tras la concentración de capital en el sector de las cajas, va a ser, como todo el mundo sabe, su privatización paulatina.

Es cierto, como decimos, que para remontar la crisis se necesita unas finanzas fuertes, pero la cuestión es que un sector financiero fuerte, para ser útil y servir a la tarea de recuperación económica debe estar dirigido y orientado por el Estado y no servir a intereses privados, por lo que podemos asegurar que el FROB va a ayudar a la oligarquía financiera a poner en orden sus cuentas y reorientar sus inversiones con el apoyo político y económico del Estado y de los poderes públicos, que han comenzado además una cruenta pelea por el control de las cajas, como ha ocurrido con el pacto entre IU y PP para desestabilizar Caja Madrid.

Al Gobierno, se le acumulan los problemas y va quedándose solo. Zapatero, necesita imperativamente un acuerdo que le permita resistir los duros tiempos políticos que vienen, pero el PP, consciente de que en las próximas elecciones puede ver la hora de su desquite, condiciona su apoyo a una aceptación plena y expresa de su programa político; la derecha nacionalista catalana, sabe que en las elecciones autonómicas del año próximo, va a cobrar en réditos electorales el desgaste y descrédito (muy merecidos) del tripartit; el PNV, ha pasado de aliado a decidido opositor parlamentario, tras el pacto PSOE-PP en el País Vasco, para arrebatar el Gobierno a Ibarretxe y la patronal CEOE, que el año pasado apoyó implícitamente a Zapatero, ha optado ahora por ejercer el papel de ‘lobby’ político con el que puede alcanzar más fácilmente sus objetivos.

En estas condiciones, a Zapatero únicamente le queda un aliado: la dirección oportunista de CCOO y UGT que teme que se agrave la tensión social y se vea obligada a encabezar la batalla política que la izquierda política es incapaz de librar y se agarra desesperadamente a la retórica ‘bienintencionada’ de Zapatero y sus promesas de no proceder a la reforma laboral que le exige la derecha y una parte de su partido (Almunia, Solbes, etc.). La dirección de los dos grandes sindicatos de masas sabe de su soledad política y apuesta todas sus cartas a la firma, antes del 31 de Julio, de un Pacto Social.

¿Es posible un pacto social, en estas condiciones? Sin duda, puede firmarse, porque, insistimos, por unas razones u otras, tal pacto le interesa tanto al Gobierno, como a la patronal y a las direcciones sindicales. Pero, como reconocía públicamente el Presidente de CEPYME, semejante acuerdo «será un pacto de mínimos sin la fuerza necesaria para aportar soluciones reales a la crisis». ¿Cual puede ser su contenido? Lo adelantado por el Gobierno no da, desde luego, para tirar cohetes: una ayuda de 420 euros mensuales (hay autonomías donde ya se han reconocido 650) a parados sin rentas, durante seis meses y a cambio de participar en cursos de formación; y junto a esta medida tan miserable, otras dos claramente reaccionarias: la rebaja de 0,5 puntos en la cotización empresarial a la Seguridad Social y la eliminación de las limitaciones que impiden a las ETTs intervenir libremente en sectores peligrosos (construcción y minería) y en las Administraciones Públicas.

Con todo, la pregunta es si ese pacto es necesario y positivo para la clase obrera si, como parece, en el mejor de los casos será muy limitado. Y la respuesta es muy clara: no; un pacto social únicamente puede servir a la oligarquía para lograr, aunque sea por un tiempo, la paz social y lo que necesita el proletariado es organizar una respuesta política contundente. La crisis dura ya un año y todas las previsiones señalan que los brutales niveles de paro actuales continuarán al menos hasta 2012. Por supuesto que la economía capitalista (y también la española) terminará por superarla, pero si no interviene la movilización de los trabajadores imponiendo una política que ponga coto a la minoría oligárquica que es quien dirige hoy la acción de los Gobiernos de turno, se saldrá a costa de una mayor concentración de la riqueza en menos manos y un mayor sufrimiento de los trabajadores que seguirán soportando un empeoramiento general en sus condiciones de vida y trabajo. Todas las propuestas hasta el momento, proceden del campo de la derecha; el campo popular está desorientado y en estas condiciones su respuesta es muy limitada y dispersa. La debilidad de la izquierda es preocupante, lo que puede traer como consecuencia, aún más peligrosa, una mayor derechización del panorama político en la España monárquica.

Izquierda Unida está en manos de un grupo de familias que actúan libremente con métodos mafiosos, despreciando el sentir y la opinión de buena parte de sus afiliados (2). La izquierda ‘radical oportunista’ no ha movido un dedo por articular una respuesta, a pesar de sus continuas declaraciones grandilocuentes contra el ‘sindicalismo amarillo’; ni siquiera el descalabro de su aventura europea ha servido para que aprenda la lección: continúa moviéndose entre el aislamiento mesiánico de las masas, el oportunismo más ramplón y el sectarismo más extremo. Por eso es tan urgente que las organizaciones populares que estén dispuestas, comiencen a trabajar por la unidad, sin esperar más. Vivimos las consecuencias de una degradación iniciada con la transición que ha llevado a la izquierda que consintió aquella traición y sigue soportando el pacto interclasista que la puso en marcha, a la inopia más absoluta. Su grado de degeneración dificulta el despegue del campo popular. Por eso los sectores más conscientes de las masas deben tomar en sus manos la tarea de preparar la unidad sobre otras bases distintas, unitarias y republicanas. Y es nuestra obligación ayudarles en esta tarea.

Notas
(1) La elite que gestiona las empresas que cotizan en el selectivo IBEX 35, obtuvo en 2008 (en plena crisis económica) una retribución media de 915.000 euros por persona, según las cifras publicadas por las empresas. En realidad, la cifra superaría el millón de euros si se computasen en los informes todas las pagas extraordinarias, plurianuales o las aportaciones a los fondos de pensiones de los altos directivos.

(2) El Coordinador General de IU, Cayo Lara, declaraba recientemente su intención de refundar la coalición, reclamando unidad y sujeción de sus diferentes banderías a una dirección común. Esta enésima declaración de intenciones, movería a risa si no se hubiera producido inmediatamente después de dos nuevas pruebas de la irrecuperable tendencia de IU hacia la nulidad política más absoluta y de la bajeza e impotencia política de sus líderes: la lamentable y plañidera entrega de su grupo parlamentario, burlado por el Gobierno en su acuerdo de aumentar los impuestos a las rentas más altas, y la firma de su dirección madrileña, junto con COMFIA y contra la posición de la Unión de Madrid de CCOO, de un pacto con Esperanza Aguirre, que va a permitir a ésta mantener la cómoda mayoría del PP en la cuarta entidad financiera del Estado, Caja Madrid.

Vía | pceml.info