Margalló-Ecologistes en Acció recurre ante el Tribunal Contencioso-Administrativo la adjudicación de la nueva contrata de limpieza y basuras

A día de hoy, desde Margalló-Ecologistes en Acció hemos interpuesto un recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de fecha 30/09/2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, resolución que validaba la tramitación del procedimiento de licitación del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida, Transporte y Entrega de Residuos en el término municipal de Elche.

En el contencioso que hemos planteado,  ahondamos en los motivos que nos llevaron a recurrir la contrata, fundamentalmente las supuestas infracciones tanto de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público como de normativas ambientales en vigor en materia de gestión de residuos. Por otro lado, volvemos a solicitar la paralización cautelar del procedimiento de licitación, alegando para ello que se eviten las consecuencias negativas de la continuación del procedimiento ante la perspectiva de la posible estimación del recurso.

La decisión de continuar con el procedimiento judicial la hemos tomado siendo conscientes de las consecuencias económicas que la misma puede tener.  A parte de tener que hacer frente a los honorarios de letrados y procuradores, cabe la posibilidad de que, en el peor de los casos y de no estimarse el recurso, se exijan indemnizaciones que puedan comprometer el futuro de nuestro colectivo. Esta circunstancia ya se dio hace años cuando se condenó a Ecologistas en Acción y a Amigos de los Humedales del Sur de Alicante al pago de las costas en el juicio por la contaminación del río Segura, tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por ambos colectivos.

A pesar de ello, vemos necesario agotar todas las posibilidades de frenar esta contrata, un  auténtico disparate. Por mucho que desde el equipo de gobierno se afanen en disfrazarla de modernidad y en ensalzar los supuestos beneficios ambientales que conllevará su puesta en marcha, la contrata va a suponer un desembolso de más de 300 millones de euros que no garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de residuos; es un fraude que acabaremos pagando todos los ilicitanos e ilicitanas.