Los impagos del Consell dejan a la ONG Elche Acoge sin fondos

La ONG Elche Acoge atraviesa uno de los peores momentos de su trayectoria debido a los impagos del Consell. De hecho, la Generalitat Valenciana adeuda a la asociación ilicitana 93.000 euros correspondientes a las subvenciones de 2011. Esta situación ha provocado, por el momento, que la ONG haya tenido que prescindir de cuatro trabajadores y que el resto lleve tres meses sin cobrar. “La gente que se ha quedado se ha rebajado el sueldo un 10%, y por el momento no ha cobrado las últimas mensualidades. Seguiremos trabajando mientras el personal pueda seguir sin cobrar, aunque no sé cuanto tiempo será”, indicó Rita María Coves, la presidenta de Elche Acoge.
Concretamente, la Conselleria de Bienestar Social debe 28.708 euros del piso de acogida de inmigrantes; 10.782 de programa de primera atención, información, orientación y asesoramiento; 14.000 euros del programa de escuelas de acogida donde se ayuda al inmigrante a introducirse en la sociedad valenciana y española y 10.000 del plan de asesoramiento para el autoempleo. Por su parte, la Conselleria de Educación, Formación y Empleo debe 29.392 euros de los itinerarios de integración e inserción socio-laboral. “No me preocupa tanto que se recorten las ayudas como que se incumplan los acuerdos. Nosotros hemos cumplido nuestra parte y hemos ido pagando los programas con lo que teníamos de remanente y con los préstamos que nos han hecho algunos patronos y con lo que nos ha adelantado la Red Acoge, pero no sabemos por cuánto tiempo podremos resistir. Me indigna que digan que no tienen dinero para estas menudencias y que ni siquiera se comprometan a ir pagando de forma fraccionada”, manifestó Coves.
Los retrasos en el pago de las subvenciones han obligado a Elche Acoge “a comenzar el año sin fondos. Lo que nos han ido adelantando sirve para ir pagando los gastos diarios, pero no hay para pagar los sueldos. De momento seguimos funcionando y tenemos todos los programas en marcha, pero eso será hasta que podamos aguantar”, explicó la responsable de Elche Acoge, quien asegura que la Conselleria les ha contestado “que se dan por enterados de la situación y que harán lo posible por pagar, pero no hay ningún compromiso en firme sobre la mesa”, aseguró Rita María Coves.

Críticas a las medidas de exclusión sanitaria
La Fundación Elche Acoge ha puesto de manifiesto su preocupación por las medidas del Gobierno de limitación del acceso a la sanidad pública a los ciudadanos que carecen de residencia legal en España. “Elche Acoge considera un derecho esencial de cualquier ciudadano el acceso a la sanidad pública con independencia de su situación administrativa: lo contrario es una forma de cercenar el derecho a la salud, ligado esencialmente con el derecho fundamental a las condiciones de una vida digna”. La ONG cree que la aplicación de tales medidas supone un retroceso en las políticas de integración y ciudadanía, y especialmente, del reconocimiento y avance de los derechos sociales de la población inmigrante. Asimismo, expone que “esta limitación sienta un precedente que pudiera determinar la restricción del derecho a la sanidad a otros colectivos como los parados de larga duración”.

El Ayuntamiento de Alicante lamenta el cierre de Alicante Acoge

La concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana, lamentó ayer el cierre de Alicante Acoge y señaló que la institución “estaba haciendo un trabajo muy importante en Alicante, que ahora repercutirá en los servicios municipales”.
Alicante Acoge, que lleva 20 años trabajando en favor de la integración de las personas inmigrantes, se ve obligada a cesar sus actividades ante los impagos del Consell, que les adeuda 109.000 euros. Sánchez Zaplana destacó la dificultad de asumir en estos momentos algunos de los servicios que deja la entidad, entre ellos dos pisos de acogida que atienden a 11 personas sin recursos, cuatro de ellos menores.
Para CC OO, el anuncio de cierre “es una muy mala noticia, atendiendo a la gran labor realizada por esta asociación desde su nacimiento”, señala Salvador Roig, responsable de Comunicación del sindicato. Roig tacha de “gravísima irresponsabilidad” la estrategia que está desarrollando la Generalitat, “provocando la asfixia económica de las asociaciones, con el objetivo de recortar programas sociales y asistenciales que han venido asumiendo ante los vacíos estructurales de la administración”.
CC OO denuncia que “se están poniendo en peligro miles de puestos de trabajo como consecuencia de los impagos”. Una situación que afecta a “amplios sectores especializados en la atención social y asistencial, como el de la discapacidad, salud mental, dependencia, atención a menores…”. Lo más lamentable, a juicio de Roig, es que el impago del dinero “está poniendo en peligro la prestación de una serie de servicios que son básicos”.