Greenpeace pide al Gobierno que busque un verdadero y amplio consenso social sobre el cementerio nuclear

DINERO PÚBLICO COMO ANZUELO
La organización ecologista considera necesario que el Ejecutivo ponga en marcha previamente un adecuado plan de cierre de las centrales nucleares.

Tras la negativa del presidente de la Generalitat, José Montilla, a que Cataluña albergue el cementerio nuclear (ya rechazado por UICV, ERC y CiU), sumada a la retirada de los dos pueblos segovianos que se planteaban presentar su candidatura, y el rechazo inequívoco del Gobierno de Castilla-La Mancha y de todos los partidos políticos de esta Comunidad Autónoma, Greenpeace considera que el proceso emprendido por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se puede ya considerar un fracaso.

Por ello, la organización ecologista pide que el Gobierno se replantee su política al respecto y busque un verdadero consenso social sobre la gestión de residuos radiactivos.

“El ministro Sebastián ha fracasado en su intento porque ha ignorado el sentir de la sociedad y ha pretendido sacar adelante el cementerio nuclear despreciando a la sociedad civil e incluso a las Comunidades Autónomas, y sin buscar un verdadero acuerdo social y territorial”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.

Un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico, como el de los residuos radiactivos, no se puede resolver sin un previo consenso social y político, que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa previamente un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares.

“Si el Gobierno quiere resolver el problema de los residuos radiactivos y cerrar de una vez el debate nuclear, tendrá que poner sobre la mesa un buen plan de cierre de las centrales nucleares, paso necesario para poder avanzar hacia un modelo energético sostenible. Solo así conseguirá paz social al respecto”, ha afirmado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace.

Desde el principio, Greenpeace calificó el proceso iniciado por el Ministerio de Industria como antidemocrático, además de contradictorio con las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien reconoció en el Congreso de los Diputados la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en la solución de este grave problema.

En efecto, Zapatero dijo en el Congreso de los Diputados durante el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006 : “Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado”.

Sin embargo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, haciendo caso omiso de las premisas del presidente del Gobierno, decidió poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad, prescindiendo totalmente de buscar y lograr ese amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, del consenso territorial y del consenso político que Zapatero establecía como fundamentales para poder avanzar en esta cuestión.

La estrategia del ministro Miguel Sebastián es la de tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, sin importar si ese Consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma. Además de resultar poco ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco democrático.

Vía | greenpeace.org

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