Fabra intenta lavar la imagen del PP con una ley de transparencia y buen gobierno

A falta de fondos para gestionar, con reclamaciones por impagos, con un bajo nivel de ejecución de los presupuestos y con una alarmante caída de ingresos por el impacto de la crisis, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene que intentar, a modo de alternativa, cuadrar una agenda política que, fundamentalmente, le permita “lavar” la imagen del PP, envuelto en un sinfín de investigaciones por corrupción de norte a sur de la Comunidad: Gürtel, Brugal, los sumarios que afectan a Carlos Fabra, el caso Emarsa o la trama de ONG, que salpica directamente a Rafael Blasco, síndic popular en las Cortes. Fue el propio dirigente del PP, en el ojo del huracán a raíz de las revelaciones del sumario, el que, precisamente, impulsó ayer en el parlamento autonómico una proposición de ley, a debatir en el pleno de la próxima semana, que apuesta por garantizar la transparencia en la gestión pública -uno de los aspectos más criticados por la oposición a los populares- y el buen gobierno.
Desde el congreso nacional del PP, el jefe del Consell se ha empeñado en desligar por completo su figura de los casos de corrupción que lastran la imagen de los populares valencianos. En ese cónclave, Fabra impulsó un código ético que, con posterioridad, trasladó a los estatutos regionales del PP. Actuó de inmediato tras las detenciones en el caso de las ONG y destituyó a los dos altos cargos detenidos, ambos colaboradores de Blasco durante su etapa en la conselleria de Cooperación. Es la única vía que le resta al presidente de la Generalitat para intentar “vender” el valor de “tolerancia cero” con la corrupción. Firmeza a cambio de gestión.
En esta dirección, el PP incluyó en el pleno de las Cortes de la próxima semana una iniciativa en la que, entre otras cuestiones, se plantea que los altos cargos condenados por ocasionar un perjuicio económico, tendrán la obligación de reponerlo. De igual modo, el borrador propone que el personal directivo acredite su capacidad y formación. Será, de igual manera, motivo de resolución de contrato o de destitución “el negarse a facilitar información sobre la sociedad a los componentes de los órganos de administración de la misma”. Los populares, en todo caso, ya acumulan varias resoluciones judiciales, en su mayoría tramitadas por el grupo parlamentario de Compromís, en las que se obliga a las Cortes a tramitar iniciativas o peticiones de documentación.
Rafael Blasco, con la espada de Damocles su cabeza y consciente de que Fabra le destituirá en el caso de que acabe imputado en la trama de ONG, anunció la tramitación de la iniciativa por la vía de urgencia. “Desde el grupo popular hemos presentado esta iniciativa para reiterar nuestro compromiso con la nueva administración que propone el presidente Fabra. Las administraciones públicas deben ser ejemplo de eficacia, eficiencia, austeridad y rigor, garantizando la calidad de los servicios que ofrecen a los ciudadanos”, indicó el síndic popular que, en principio, cederá la defensa de la propuesta al diputado Rafael Maluenda. Blasco, en una nota, destacó que el Consell “está impulsando un nuevo modelo de administración que sigue estos criterios, adaptándola a la nueva situación, reduciendo su estructura y tamaño para hacer más con menos”.

Fuente: Diario Información