El promotor ilicitano Ramón Salvador declara como imputado por corrupción urbanística

No tienen desperdicio las declaraciones del que ostenta el triste honor de ser, gracias al ex-alcalde socialista Diego Maciá, el mayor especulador urbanístico en la historia de nuestra ciudad. Salvador, partícipe en el pasado en   proyectos tan ambientalmente insostenibles como el AR-1 en Arenales del Sol y actualmente promotor del plan del Sabinar en San Vicente del Raspeig ( a día de hoy pendiente de resolucion judicial), dice sentirse “perseguido” y  que ha tenido que irse del país ya que  aquí “hay que proteger al pajarico y al ser humano, machacarlo”. Suponemos de todos modos que su situación no debe ser tan mala, vista su afición a los coches de lujo y  los 15 millones de euros (18 según otras fuentes) que pagó  hace tres años por  el yate más caro fabricado en España. (Nota del editor)

 

Un promotor valida una escucha en la que Ortiz asegura que tiene el PGOU antes de ser público

El imputado niega pertenecer a una trama urbanística y afirma que se limitó a presentar una alegación al plan a través del despacho de Salvetti

 

J. A. MARTÍNEZ/S. LLINARES Un promotor confirmó ayer ante el juez que investiga las presuntas irregularidades del Plan General de Alicante haber mantenido una conversación en la que el empresario Enrique Ortiz le dijo que tenía los planos del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad meses antes de que se hicieran públicos, según confirmaron fuentes del caso presentes en la declaración judicial.

Ramón Salvador Águeda fue el único de los tres imputados citados ayer que quiso declarar y el primero que accede a responder a preguntas sobre el contenido de las escuchas telefónicas en las que se sustenta la investigación. Los otros imputados que comparecieron ante el juez Manrique Tejada fueron el extrabajador de Ortiz José Gregorio Bernabé y el promotor manchego Aurelio González Villarejo, antiguo socio del empresario alicantino. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. A los tres se les imputa un delito de aprovechamiento de información privilegiada por funcionario o autoridad pública.

La investigación del PGOU trata de dirimir si por parte del entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y la en esos momentos responsables de Urbanismo y actual regidora, Sonia Castedo, se facilitó información privilegiada del planeamiento de la ciudad a cambio de regalos. De momento hay una veintena de imputados, entre ellos Ortiz y su mujer, el redactor del Plan General, Jesús Quesada, así como el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, el exedil socialista Javier Gutiérrez. Castedo y Alperi también aparecen como implicados pero, dada su condición de aforados por ser diputados autonómicos, tendrá que ser el Tribunal Superior el órgano que se pronuncie sobre su imputación.

El empresario Ramón Salvador negó ante el juez su pertenencia a una trama urbanística y declaró que lo único que hizo fue presentar una alegación al PGOU con el asesoramiento del despacho Salvetti, propiedad del hermano de la primera edil y de su socio, y que desconocía que éstos estuvieran resolviendo las alegaciones. Ramón Salvador se había personado el pasado mes de abril tanto en Comisaría como ante el juez para pedir declarar voluntariamente al ver que aparecía en la prensa como uno de los posibles implicados en el sumario del PGOU.

La conversación con Ortiz que Ramón Salvador ratificó ayer ante el juez, el fiscal y las partes personadas se produjo el 25 de agosto de 2008, casi dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública, lo que ocurrió el 17 de octubre. El fiscal comenzó el interrogatorio preguntando al imputado si reconocía haber mantenido esa conversación a lo que éste aseguró que no lo recordaba bien. Por ello, el representante del ministerio público pidió a la secretaria judicial que le leyera la transcripción de esta escucha telefónica. Tras la lectura, el empresario confirmó que se produjo esa llamada (de la que aparece un amplio extracto en la página siguiente) entre ambos y que fue en esos mismos términos. Las mismas fuentes puntualizaron que Salvador dijo que desconocía si el PGOU era público en esos momentos.

Según el sumario, en esta llamada telefónica Ortiz le asegura que tiene planos del Plan General. Ramón Salvador está interesado porque posee unos terrenos en la zona del Rambuchar en el límite entre Alicante y San Vicente, concretamente en Pla de Xirau. Ortiz se ofrece a mostrarle en el plano cómo quedan su suelo, si bien no consta que llegara a enseñarle nada. En la conversación el propio Ortiz manifiesta sus dudas sobre si posee documentación acerca de esa zona, pero afirma que tiene “todos los planos”. El sumario revela que el suelo que Salvador Águeda tenía en esa zona pasaba a ser no urbanizable en el Plan General, motivo por el que presentó la alegación que fue estimada. El promotor señaló que lleva años trabajando con Gutiérrez. Ayer declaró que el despacho de Salvetti le asesoró en la alegación, aunque ésta la redactó su abogado. Según el sumario, por esta alegación el bufete percibió 50.000 euros.

El empresario Ramón Salvador Águeda es bien conocido en Elche por operaciones especulativas relacionadas con los huertos de palmeras y en Arenales del Sol que supusieron un escándalo público por considerar que el promotor recibía información privilegiada del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, así como de altos técnicos municipales.

Ayer compareció como imputado también el exsocio de Ortiz, el empresario manchego Aurelio González Villarejo, pero se negó a declarar alegando que están pendientes de resolver varios recursos sobre la nulidad de las escuchas. El empresario negó en un escrito haberse beneficiado de información privilegiada, o haber falsificado documentación contable para encubrir un presunto regalo de tres bungalows a los hijos de Alperi.

El PSOE municipal dijo ayer que la declaración de empresario ilicitano demuestra que Ortiz tenía información privilegiada y que la alcaldesa no puede seguir eludiendo su responsablidad.

“Esto es una persecución contra los promotores que al final nos hemos tenido que ir del país”
Enfadado. Así se mostró ayer el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda a su salida de los juzgados. Preguntado por los terrenos de su propiedad que figuran en el sumario, indicó que está en su derecho de pedir que un suelo no sea descalificado como urbano. “Es que si eso lo quitan, el Ayuntamiento tendrá que pagar 15 millones y a ver cómo lo hace ahora”, dijo en relación con el suelo del Pla de Xirau que aparecía descalificado en la revisión del Plan General y cuya alegación para que se mantuviese como urbano fue estimada por el Ayuntamiento.

Ramón Salvador arremetió contra el trato que, a su juicio, están recibiendo los promotores “de todos los lados” y puso como ejemplo el plan urbanístico que promueve en San Vicente: el polémico plan de El Sabinar, que incluye un campo de golf y contra el que IU presentó un recurso para su paralización por estar en zona protegida, ya que por ahí pasa una cañada real. “También la Castellana de Madrid es una cañada real”, dijo. “Esto es una persecución contra los promotores. Yo me he tenido que ir del país y algunos están arruinados”, manifestó.

“Lo único que va a hacer eso es generar más paro y que los promotores nos tengamos que ir del país. Parece que hay que proteger al pajarico y al ser humano, machacarlo”, afirmó. Añadió que los políticos “utilizan mediáticamente a fiscales y jueces” y, al ser preguntado por las escuchas telefónicas, dijo que eso eran “tonterías”.

 Diario “Información”, 15-11-2011