Opinión: El oscurantismo en el urbanismo local

Resulta paradójico, en un momento clave en la vida pública, en la que la propia Generalitat Valenciana, con su nuevo presidente Alberto Fabra, pretende dar un cambio e impulso significativo a su anterior política que tantas alarmas sociales ha creado, tanto en las contrataciones públicas, como en sus relaciones con la sociedad civil. Con la puesta en vigor de un nuevo código ético, ya ha empezado a aplicarse varios ceses de cargos relevantes. Al igual que algunas iniciativas abiertas democráticas, como la Plataforma de participación ciudadana ”CapAvant”. y próximamente la anunciada Web “Tú participas”.

Son algunas iniciativas, que en apariencia al menos, dejan vislumbrar un antes y un después hacia la sociedad civil, sorprendida de que el poder político se haya alejado tanto de la sociedad real.

En el caso de Elche, sorprende mucho la actitud de los responsables de la Concejalía de Urbanismo de nuestra ciudad, ante una moción realizada el pasado lunes por la oposición en el pleno municipal, sobre la situación actual en que se encuentra la revisión del PGOU. El concejal del área, señor Granero, respondió que no hay comisión de seguimiento de la oposición, ni por consiguiente de su apertura a la sociedad civil ilicitana.

Ni los colegios de arquitectos y geógrafos, paisajistas, urbanistas, ni las asociaciones profesionales y colectivos sociales, pueden decir nada en este proceso inicial que marcará las directrices generales, sobre el nuevo planeamiento, el futuro del municipio, sus reordenaciones, sus huertos públicos, etc.

Si el gobierno del PSOE y de Compromís, con abundante propaganda mediática negaron la participación pública, que solo estaba encaminada a informar a sus relaciones y colectivos afines, acompañada de grandes despilfarros mediáticos. En esta ocasión es el nuevo gobierno local, el que rompe todas las reglas, y lo tiene aun más claro. Discrecionalidad completa, ley de protección del palmeral y urbanismo abiertos, en plena revisión del PGOU por vez primera, sin participación ni protección pública conexa.

Que el PSOE, con anterioridad despilfarró al menos 500.000 euros, de las arcas municipales con la adjudicación a dedo, y sin concurso público, a la Fundación Metrópoli, y el abandono del patrimonio ilicitano durante 32 años, no justifican estas nuevas prácticas cerradas en el urbanismo local, como que el actual proceso se realice internamente sin permitir comisión alguna de seguimiento ni control público. Ello siempre genera una riqueza de ideas previas que son fundamentales, basadas en el debate público, donde elementos como la nueva economía y las nuevas formas de entender y analizar la coyuntura actual y el urbanismo con sus elementos patrimoniales, garantizando un mayor beneficio para con los intereses generales, incluyendo la incorporación transparente de los privados.

Evidentemente son respuestas antidemocráticas que continúan decepcionando a la sociedad civil por parte de muchos políticos. Nuestra Generalitat Valenciana y sus nuevos responsable políticos máximos, en las áreas de cultura, patrimonio y urbanismo y territorio, o bien nuestra alcaldesa, en aras de esa nueva proyección pública, deberían de resolver estas arbitrariedades de los responsables del urbanismo local, y evitar así posibles decisiones que pongan en peligro como ha ocurrido en otros lugares, los intereses generales del municipio y el patrimonio local, pudiendo afectar incluso a la distinción del Patrimonio de la Humanidad.

 

José Joaquín Belda Gonzálvez

 

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